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El ordenamiento jurídico español reconoce la potestad de las comunidades autónomas para conservar, modificar y desarrollar sus derechos civiles, forales o especiales propios respecto a las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles sobre las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, así como las normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho.

La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Galicia establecen que corresponde al Parlamento de Galicia la capacidad de legislar en materia de derecho civil propio, así como la tarea de aprobar el derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo de Galicia.

De este modo, la Cámara gallega aprobó la Ley de derecho civil de Galicia en 1995, derogada por la Ley 2/2006, de 14 de junio, en la que recoge las normas consuetudinarias de las relaciones entre sujetos privados, como una creación genuina del pueblo gallego. Así, establece que las fuentes del derecho civil de Galicia son la ley, la costumbre y los principios generales que integran e informan el ordenamiento jurídico gallego.

En este caso, la costumbre regirá en defecto de ley gallega aplicable. En defecto de ley y costumbre gallegas, será de aplicación con carácter supletorio el derecho civil general del Estado, cuando no se oponga a los principios del ordenamiento jurídico gallego.

En la determinación de las fuentes del derecho civil se respetarán por el Estado las normas del derecho civil gallego.

Además, indica que los usos y costumbres notorios no requerirán prueba y que el derecho gallego se interpretará e integrará desde los principios generales que lo informan, así como con las leyes, los usos, las costumbres, la jurisprudencia emanada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la doctrina que encarna la tradición jurídica gallega.